Una Telaraña Hecha de Leyes

Opinión. /Abel Pérez Zamorano. /El Custodio.

Fácil es comprender que toda sociedad necesita de un cierto orden, de leyes que la regulen, pero en beneficio de todos, lo cual no ha ocurrido hasta ahora. Históricamente el derecho surgió junto con la propiedad privada y las clases sociales, por lo que la ley no puede ser deificada, convirtiéndola en un poder por encima de la sociedad; es absolutamente terrenal y está determinada por las circunstancias que le dieron origen y la han hecho evolucionar; consecuentemente, el derecho como instrumento de dominación clasista existirá mientras haya clases sociales, y desaparecerá junto con ellas. Así pues, instituciones y normas jurídicas no son lo que románticamente Douglass North ha denominado “reglas del juego”, o un contrato social que asegura armonía y sana convivencia. Son el andamiaje normativo y coercitivo que establece la forma de propiedad dominante en una sociedad y en una época dadas; otorgan a los grandes propietarios el monopolio sobre los medios de producción, permitiéndoles organizar el proceso productivo, determinar quién puede participar en él, las actividades que realizará y el monto de su remuneración; en nuestros días, por ejemplo, ofrece a los bancos extranjeros el marco normativo que les permite sacar del país sus enormes utilidades para llevarlas a sus casas matrices; permite también a los capitales emigrar en el momento que sus propietarios lo juzguen conveniente para sus particulares intereses, y garantiza a los patrones la posibilidad de burlar los derechos laborales, por ejemplo el reparto de utilidades, mediante sistemas contables amañados. Esa misma urdimbre legal-institucional hace posible que a un trabajador se le niegue el servicio médico en una clínica del Seguro Social, condenándolo así a muerte, con el argumento de “no ser derechohabiente”, o bien,  que frecuentemente los hospitales públicos rechacen atender a mujeres a punto de dar a luz, poniéndolas en la necesidad de tener a sus hijos en la banqueta o en un parque; todo porque así lo ordenan las leyes que nos rigen, que nada saben de humanismo y que con demasiada frecuencia son aplicadas por juzgadores sometidos a presiones e intereses económicos. Pero las prohibiciones son también instrumentos de control político.

Para ello los legisladores se aplican con gran diligencia a producir leyes, y no sólo en México: en la Unión Europea se emiten alrededor de 2 mil 500 regulaciones al año. A esta febril actividad se le conoce como “productividad legislativa” (antes se la llamaba, más apropiadamente, cretinismo parlamentario), y es timbre de orgullo de cualquier legislador que se respete haber propuesto al menos alguna prohibición. Nadie recuerda aquella formulación de Descartes, que dice: “Mejor es gobernado aquel Estado que tiene pocas leyes, y en el que esas leyes son estrictamente observadas”. En México hay muchas leyes pero poca justicia; muchas leyes en un país sin ley; lo peor es que con frecuencia el propio Estado, garante del respeto a la norma, sea el que la viole.

Viven, pues, sobre todo las personas de condición humilde atrapadas en una maraña de prohibiciones y normas, que han invadido hasta los últimos resquicios de la vida social; todo se ha regulado: la forma de vestir, la relación entre padres e hijos, el cuidado de las mascotas, fumar; se prohibió poner saleros en las mesas de los restaurantes del Distrito Federal, etc. Hasta lo más inaudito ha ido sido convertido en delito y es, por ende, punible. Pero del otro lado de la barandilla, tal proliferación de prohibiciones representa también una mina de oro para policías y autoridades venales que tienen ahora más motivos para multar o “morder” a los ciudadanos que no saben ya ni que norma están transgrediendo. Dados los altísimos niveles de pobreza, desempleo y bajos salarios existentes, no creo exagerar al decir que millones de mexicanos pueden comer sólo a condición de tener que violar cotidianamente uno u otro ordenamiento.

Políticamente, no sólo la derecha comprende y practica esto de imponer prohibición sobre prohibición. En estos menesteres de maniatar y amordazar a la sociedad, y en abierta contradicción con su discurso “libertario”, la llamada izquierda, como suele decirse, no canta mal las rancheras; y en materia electoral no se queda atrás, pues junto con el resto de los partidos gobernantes, ha construido una auténtica barricada legal para preservar su monopolio del poder político, impidiendo el acceso de nuevos partidos. Y el cerco se cierra. Recientemente fue aprobada una ley que agrega prohibiciones al derecho de manifestación, lo que en la práctica está cerrando o acotando las formas ordenadas y pacíficas de protesta social.

Otro tanto ocurre en la legislación laboral con la famosa “toma de nota”, que deja al gobierno la potestad para decidir qué sindicato representará a los trabajadores, o que mientras de iure consagra el derecho de huelga, de facto lo conculca mediante una serie de absurdas restricciones y condiciones imposibles de reunir. Y así, una sobre otra van acumulándose prohibiciones, inventando cada vez nuevos delitos, sin más límite que la imaginación de los señores diputados (y los intereses de los poderosos), terminando por encerrar a la sociedad en una cárcel de leyes. Con ello, los ciudadanos no sólo van quedando empobrecidos: se convierten en víctimas de una sofisticada dictadura jurídica, muy efectiva, gracias a que la ley goza de una consideración social casi mística, y la coacción que ejerce es “respetable”. Y amparados en ello, los gobernantes pontifican día tras día que nadie está por encima de la ley y que la justicia no se negocia; sin embargo, cualquiera puede ver cómo las cárceles están pobladas casi exclusivamente de pobres. En fin, el problema no está sólo en la cantidad de leyes, sino en los intereses de clase que protegen, por lo que no basta con reducir su número: deben, sí, establecerse normas que sean respetadas y que garanticen el orden social, pero, sobre todo, que aseguren la igualdad de oportunidades de progreso y bienestar para todos. Ello es posible sin incurrir en el caos que significaría la ausencia absoluta de normas como postula el anarquismo.

México, D.F, a 6 de enero de 2014