Nayarit: Los Enemigos de Las Reformas

Omar Carreón Abud

             Por estos días, la vida política del país gira en torno a las reformas legales que el nuevo gobierno de la república ha considerado como inaplazables: la reforma energética, la educativa y la fiscal. Todas ellas, en principio, implican sacrificios; de la soberanía nacional, una, y de las condiciones de trabajo y niveles de vida, las otras, sacrificios que, no obstante, se han catalogado por los impulsores de las transformaciones, como menores y pasajeros. Dígase lo que se diga, una asociación del Estado con particulares, una asociación en cualquier tipo de negocio, implica compartir decisiones y utilidades con el socio, no es, pues, lo mismo ser dueño absoluto que socio, aunque sea mayoritario; una reforma educativa que implica, como uno de sus puntos neurálgicos, exámenes periódicos a los docentes, exámenes de actualización y capacidad posteriores a los respectivos procesos de titulación que sólo en contadas profesiones se aplican, son, como se vea, un nuevo obstáculo laboral que antes no enfrentaban los docentes; y, finalmente, una reforma fiscal cuyo propósito no puede ser otro que aumentar sustancialmente los recursos captados por el gobierno -si se toman en cuenta las políticas económicas a las que se adhiere tradicionalmente nuestra clase gobernante- implicará un pago mayor de impuestos por parte de quienes menos tienen. En suma, las reformas estructurales implican sacrificios para el pueblo de México, siendo optimistas, por lo menos, en el corto plazo.

            De ahí la resistencia que, también dígase lo que se diga, sí existe. Y de ahí la necesidad imperiosa de convencer a la población en el sentido de que las reformas estructurales propuestas y la forma de instrumentarlas tienen que ver decididamente con la vigencia y con el progreso de nuestro país, de ahí que se difunda que PEMEX desaparecerá si no recibe capital privado, que el futuro de la educación nacional depende de que los maestros en activo presenten un examen de conocimientos de cuando en cuando y de que la clase trabajadora, ya agobiada por la crisis y casi sin capacidad de compra, pague más impuestos si quiere recibir los beneficios del gasto social del Estado.

            Quizá nunca llegue a saberse cuánto se gasta en esas campañas publicitarias, no sólo en la difusión de las declaraciones de los autores y aliados de las iniciativas oficiales, sino en las burbujas propagandísticas que se inflan como escudo que estorba el conocimiento y análisis preciso y masivo de los grandes temas nacionales. No deja de llamar atención el espacio y la recurrencia que ha ocupado la liberación de un narcotraficante o exnarcotraficante que tenía 28 años en prisión, tampoco el cambio penal de una mujer que cumple una condena por lavado de dinero, sólo como ejemplos. Hay, pues, ingentes gastos y esfuerzos para que las reformas se aprueben en el Congreso de la Unión (mientras escribo me entero que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados retiró del orden del día de la de sesión extraordinaria el dictamen de la reforma a la Ley del Servicio Profesional Docente, con la que se pretendía retirar a los profesores de clases ante grupo cuando no aprobaran la evaluación, muy seguramente, para evitar que las otras reformas consideradas de mayor trascendencia no se vean contaminadas por las protestas que han provocado los cambios en la educación).

            Así están las cosas. Pero mientras el gobierno de la república y sus aliados, los dirigentes del PAN y del PRD, se afanan por convencer a la población de las bondades de las reformas que impulsan (hasta, como se ve, retrocediendo temporalmente un poco), existen políticos que están empeñados en agitar la inconformidad social enviando mensajes claros e indiscutibles en el sentido de que una mejora en PEMEX, un cambio en las leyes de educación y, sobre todo, un aumento significativo de los ingresos por parte del Estado, de nada servirán para las clases trabajadoras y los millones de pobres que deambulan en nuestro país, que la nueva situación sólo implicara nuevos caprichos oficiales o nuevos y sorprendentes casos de corrupción. Tal es el caso del gobierno del estado de Nayarit que encabeza el C. Roberto Sandoval Castañeda que mantiene a campesinos, indígenas, colonos y estudiantes en plantón durante ya más de dos meses sin ofrecer ninguna solución a sus reclamos de obras y servicios elementales. Así -se preguntan los modestos plantonistas- ¿reformas para qué?

            En esa legítima protesta social, explícitamente autorizada por la Constitución (que, al no ser tomada en cuenta, se viola la ley sin que nadie se preocupe por hacerla respetar), se reclama agua potable para comunidades paupérrimas de la sierra de El Nayar y colonias de la ciudad de Tepic; reparación de obsoletos y mal construidos sistemas de agua potable, equipamiento de un pozo en Rosamorada, dos redes de drenaje, cinco pequeñas electrificaciones de poblados igualmente pequeños y, entre otros lujos, apoyo con insumos agrícolas para la sobrevivencia de cultivadores de temporal. Eso es lo que solicitan los más modestos nayaritas que, por lo visto, ha despertado la molestia de las autoridades que sienten que su alta y digna posición los obliga a ignorarlos. Y a enviarles el mensaje que ya queda señalado.

            Especial mensaje se envía al pueblo nayarita con el tratamiento que el gobierno del estado le ha dedicado a la pavimentación de la carretera al poblado de El Cuarenteño del municipio de Xalisco. Vea usted. El Cuarenteño ha solicitado la pavimentación de su carretera –su historia no es original- a los diputados locales, a los diputados federales, a los últimos diez presidentes municipales y a los últimos cinco gobernadores, sin ningún resultado. Pero en el año 2012, gracias al trabajo honrado de cuatro diputados miembros del Movimiento Antorchista, ninguno de los cuales es nayarita, se logró que se etiquetara en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la cantidad de 15 millones de pesos para el camino; no obstante, la obra no se realizó porque -¡sorpresa!- el gobierno del estado no concluyó “un trámite” de derecho de vía ante SEMARNAT (a pesar de que durante todo el año los pobladores se lo estuvieron exigiendo). Pero los antorchistas son tenaces y en 2103 volvieron a lograr que se etiquetaran 13.8 millones para el citado camino y ya el gobierno del estado que encabeza Roberto Sandoval Castañeda tiene en su poder el 40 por ciento de ese recurso y ¡la obra no comienza! Ni se sabe cuándo va a empezar. ¿Qué pasa? En toda la zona se sabe que el actual camino de terracería, calvario para los habitantes de El Cuarenteño, más en tiempo de lluvias, es campo de juego para motociclistas y ciclistas adinerados cuya diversión y bienestar son los que realmente preocupan al gobierno de Nayarit; por eso no entra el pavimento. Con esos caprichos, duro obstáculo enfrentan los esfuerzos del Presidente Peña Nieto por armonizar intereses, mantener el Pacto por México y sacar adelante las reformas estructurales. ¿No cree usted?

Morelia, Mich., a 22 de agosto de 2013.