AMPF INICIÓ AVERIGUACIÓN PREVIA CONTRA CINCO PERSONAS ASEGURADAS EN PODER DE DIVERSAS DROGAS Y ARMAMENTO EN NAYARIT

DELEGACIÓN ESTATAL NAYARIT

COMUNICADO DE PRENSA

Tepic, Nayarit; a 20 de julio de 2011                         DPE/2948/11

La Procuraduría General de la República, a través del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subsede de Acaponeta, de la Delegación en Nayarit, inició la averiguación previa AP/PGR/NAY/ACA/086/2011 contra Víctor Galindo Ortega, Constancio Lora Muñiz, Fernando Prado Alcaraz, Gustavo Alonso López Preciado y Nancy Yareli Flores Salazar, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la indagatoria, el pasado 19 de julio, elementos del Ejército Mexicano pertenecientes al 86o Batallón de Infantería, establecieron un puesto de control sorpresivo sobre la carretera Federal número 15, en el tramo carretero Tigre-Rosamorada, municipio de Rosamorada, donde detuvieron la marcha de un vehículo de la marca Nissan, tipo Sentra, color azul, con placas de circulación de origen americano, quel era tripulado por los indiciados.

Al realizar una revisión al vehículo se logró el aseguramiento de lo siguiente:

§  24 gramos de cocaína

§  22 gramos de “crystal”

§  Dos kilogramos 550 gramos de goma de opio

§  Un costal con 33 kilogramos de semilla de amapola

§  Dos armas de fuego tipo fusil, calibre 7.62 x .39 mm

§  Una pistola tipo revólver, calibre .357 mm

§  Una pistola tipo escuadra, calibre .9 mm

§  Ocho cargadores para fusil AK-47

§  Un cargador para pistola .9 mm

§  20 cartuchos calibre .9 mm

§  10 cartuchos calibre .357 MAG

§  140 cartuchos para fusil AK-47

§  Una camioneta marca Toyota, tipo Tacoma, color blanco

En consecuencia, detenidos, droga, vehículos y armamento fueron puestos a disposición del Representante Social de la Federación, quien continuará con el desarrollo de la indagatoria, por los delitos de referencia.

Hechos como éste, reafirman la indeclinable decisión del Gobierno Federal por continuar realizando acciones contra las organizaciones delictivas, atendiendo al justo reclamo de asegurar la tranquilidad de la sociedad.